{"id":17954,"date":"2026-10-15T19:30:38","date_gmt":"2026-10-16T01:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/esbozodeportivo.com\/?p=17954"},"modified":"2026-10-15T19:30:40","modified_gmt":"2026-10-16T01:30:40","slug":"la-carcel-el-hotel-mas-caro-de-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esbozodeportivo.com\/index.php\/2026\/10\/15\/la-carcel-el-hotel-mas-caro-de-mexico\/","title":{"rendered":"LA C\u00c1RCEL: EL HOTEL M\u00c1S CARO DE M\u00c9XICO"},"content":{"rendered":"\n

Autogobierno, extorsi\u00f3n y el negocio invisible de mantener a miles de personas encerradas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Dr. Ra\u00fal Enrique Varela Curiel<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico existe un hotel en el que nadie quiere hospedarse, donde los hu\u00e9spedes no pueden abandonar sus habitaciones y en el que, parad\u00f3jicamente, deben pagar para permanecer en ellas. No ofrece comodidades, seguridad ni servicios de lujo. Sus habitaciones est\u00e1n rodeadas de rejas, sus pasillos son vigilados y sus ocupantes han perdido uno de los derechos m\u00e1s valiosos del ser humano: la libertad.<\/p>\n\n\n\n

Ese hotel es la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n

Pero detr\u00e1s de sus muros ocurre algo todav\u00eda m\u00e1s preocupante. En distintos centros penitenciarios del pa\u00eds, las personas privadas de la libertad y sus familias enfrentan exigencias econ\u00f3micas que no se encuentran previstas en ninguna sentencia, resoluci\u00f3n judicial o disposici\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n

Se cobra por ocupar una estancia, por disponer de un espacio para dormir, por evitar determinadas labores de limpieza, por recibir protecci\u00f3n y, en ocasiones, hasta por acceder a servicios que deber\u00edan encontrarse garantizados por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

La prisi\u00f3n se convierte entonces en una contradicci\u00f3n jur\u00eddica y econ\u00f3mica: el Estado ordena el encarcelamiento, pero dentro de sus instalaciones pueden operar estructuras informales que cobran por administrar las condiciones del encierro.<\/p>\n\n\n\n

El problema no es solamente cu\u00e1nto cuesta estar preso. La verdadera pregunta es qui\u00e9n est\u00e1 ganando dinero con la privaci\u00f3n de la libertad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El precio de estar encerrado<\/h2>\n\n\n\n

En el ejercicio cotidiano de la defensa penal he conocido, a trav\u00e9s de diversos clientes y sus familiares, una realidad que rara vez ocupa un lugar central en la discusi\u00f3n p\u00fablica: los cobros informales y recurrentes que deben enfrentar quienes ingresan a determinados centros penitenciarios.<\/p>\n\n\n\n

No se trata \u00fanicamente de un episodio aislado. Los testimonios recibidos en distintos asuntos muestran c\u00f3mo estas exigencias pueden integrarse a la vida cotidiana de la poblaci\u00f3n penitenciaria.<\/p>\n\n\n\n

En uno de los casos recientes, a una persona reci\u00e9n ingresada le exigieron dos mil pesos semanales por permanecer en una estancia y otros mil pesos por concepto de fajina, t\u00e9rmino utilizado para referirse a labores de limpieza y mantenimiento.<\/p>\n\n\n\n

Tres mil pesos semanales.<\/p>\n\n\n\n

Doce mil pesos cada cuatro semanas.<\/p>\n\n\n\n

Ciento cincuenta y seis mil pesos al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Todo ello por permanecer en un lugar al que esa persona fue enviada por una determinaci\u00f3n judicial, no por voluntad propia.<\/p>\n\n\n\n

Y esos recursos no necesariamente terminan ah\u00ed. Las familias tambi\u00e9n pueden enfrentar gastos por traslados, alimentaci\u00f3n complementaria, art\u00edculos de higiene, comunicaciones y asistencia jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

Ahora imaginemos lo que significan esas cantidades para una madre que trabaja todos los d\u00edas para sostener a sus hijos, una esposa que debe mantener a su familia o unos padres de edad avanzada que sobreviven con una pensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La privaci\u00f3n de la libertad deja de afectar exclusivamente al imputado o sentenciado y se convierte en una carga econ\u00f3mica extendida a toda su familia.<\/p>\n\n\n\n

Es una especie de condena econ\u00f3mica paralela que ning\u00fan juez impuso, que ninguna ley contempla y que ning\u00fan tribunal ha autorizado.<\/p>\n\n\n\n

El autogobierno: cuando el Estado deja de ejercer el poder<\/h2>\n\n\n\n

Para comprender el origen de estas pr\u00e1cticas resulta necesario hablar de uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario mexicano: el autogobierno.<\/p>\n\n\n\n

Este fen\u00f3meno se presenta cuando determinados grupos de personas privadas de la libertad asumen, de hecho, atribuciones que corresponden exclusivamente a las autoridades penitenciarias.<\/p>\n\n\n\n

En lugar de que la administraci\u00f3n del centro controle \u00edntegramente la asignaci\u00f3n de espacios, la seguridad, las actividades y los servicios, pueden surgir estructuras informales que administran estos aspectos mediante relaciones de poder, amenazas o cobros.<\/p>\n\n\n\n

En algunos contextos tambi\u00e9n se presenta el cogobierno, caracterizado por formas de control compartido, tolerado o facilitado entre grupos de internos y actores institucionales.<\/p>\n\n\n\n

El problema trasciende la disciplina penitenciaria.<\/p>\n\n\n\n

Estamos frente a la posibilidad de que se desarrollen aut\u00e9nticas econom\u00edas clandestinas dentro de instituciones p\u00fablicas, en las cuales las condiciones b\u00e1sicas de subsistencia se convierten en mercanc\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos contempla expresamente, dentro de sus diagn\u00f3sticos de supervisi\u00f3n penitenciaria, indicadores relacionados con cobros por protecci\u00f3n, asignaci\u00f3n de estancias, espacios para dormir, alimentos, servicios m\u00e9dicos y por no realizar labores de limpieza.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, las conductas descritas no constituyen una preocupaci\u00f3n ajena al conocimiento institucional. Forman parte de los fen\u00f3menos que el propio Estado mexicano debe supervisar y combatir.<\/p>\n\n\n\n

Y frente a ello surge una cuesti\u00f3n elemental: si estas pr\u00e1cticas son conocidas y evaluadas institucionalmente, \u00bfpor qu\u00e9 persisten las condiciones que permiten su reproducci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfD\u00f3nde termina todo ese dinero?<\/h2>\n\n\n\n

Esta es, quiz\u00e1, la pregunta m\u00e1s importante y menos discutida del problema penitenciario.<\/p>\n\n\n\n

Cuando una persona privada de la libertad entrega dinero por permanecer en una estancia, \u00bfqui\u00e9n lo recibe?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n establece las cantidades?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n decide cu\u00e1les internos deben pagar?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n administra los recursos?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfExiste una estructura jer\u00e1rquica que concentra esos ingresos?<\/p>\n\n\n\n

\u00bfLas autoridades conocen estas exigencias? Y, si las conocen, \u00bfqu\u00e9 acciones efectivas realizan para impedirlas?<\/p>\n\n\n\n

No basta con afirmar que determinados internos ejercen control sobre las estancias. Es necesario investigar si esos cobros se encuentran vinculados con estructuras de corrupci\u00f3n, tolerancia institucional o redes de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Porque una econom\u00eda clandestina que funciona de manera recurrente necesita determinadas condiciones para mantenerse.<\/p>\n\n\n\n

Puede requerir control territorial dentro del centro penitenciario, mecanismos de intimidaci\u00f3n, intermediarios, sistemas de recaudaci\u00f3n y formas de impedir que las v\u00edctimas denuncien.<\/p>\n\n\n\n

Desde una perspectiva criminol\u00f3gica, no estar\u00edamos hablando simplemente de una serie de abusos econ\u00f3micos individuales, sino de posibles mercados ilegales desarrollados alrededor de una poblaci\u00f3n cautiva.<\/p>\n\n\n\n

Y la magnitud potencial resulta inquietante.<\/p>\n\n\n\n

Si una estructura exigiera tres mil pesos semanales a cien personas privadas de su libertad, obtendr\u00eda trescientos mil pesos cada semana.<\/p>\n\n\n\n

En un a\u00f1o, esa cifra alcanzar\u00eda quince millones seiscientos mil pesos.<\/p>\n\n\n\n

Si fueran quinientas personas, el monto hipot\u00e9tico ascender\u00eda a setenta y ocho millones de pesos anuales.<\/p>\n\n\n\n

No son estimaciones de la recaudaci\u00f3n real de alguna prisi\u00f3n, sino ejercicios aritm\u00e9ticos que permiten dimensionar lo que representar\u00eda la existencia de cobros sistem\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, una investigaci\u00f3n verdaderamente seria no deber\u00eda limitarse a identificar al interno que exige el dinero.<\/p>\n\n\n\n

Deber\u00eda seguir la ruta de los recursos.<\/p>\n\n\n\n

Determinar qui\u00e9n recauda, qui\u00e9n distribuye, qui\u00e9n recibe beneficios y si existe participaci\u00f3n, tolerancia u omisi\u00f3n deliberada por parte de servidores p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Porque cuando una actividad ilegal produce ingresos constantes dentro de una instituci\u00f3n p\u00fablica, el problema no termina en quien cobra. Tambi\u00e9n obliga a investigar qui\u00e9n permite que el negocio contin\u00fae.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La pregunta inc\u00f3moda: \u00bfa qui\u00e9n le conviene que las c\u00e1rceles permanezcan llenas?<\/h2>\n\n\n\n

Existe otra dimensi\u00f3n del fen\u00f3meno que merece un debate nacional.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico mantiene un modelo de justicia penal en el que la prisi\u00f3n preventiva contin\u00faa ocupando un papel central, particularmente por la existencia de supuestos constitucionales de aplicaci\u00f3n oficiosa.<\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, la discusi\u00f3n se ha concentrado en su compatibilidad con la presunci\u00f3n de inocencia, la excepcionalidad de las medidas cautelares, el principio de proporcionalidad y los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, hay una pregunta adicional que pr\u00e1cticamente no forma parte del debate p\u00fablico: \u00bfqu\u00e9 intereses econ\u00f3micos pueden desarrollarse alrededor del encarcelamiento masivo?<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del INEGI, al cierre de 2024 hab\u00eda 236,773 personas privadas de la libertad o internadas en centros penitenciarios y especializados del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

De esa poblaci\u00f3n, el 36.3 % no contaba con sentencia.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, m\u00e1s de una tercera parte de la poblaci\u00f3n registrada permanec\u00eda encerrada sin que existiera todav\u00eda una condena.<\/p>\n\n\n\n

Esto representa un problema que debe analizarse no solamente desde los derechos humanos, sino tambi\u00e9n desde la pol\u00edtica criminal y los posibles incentivos econ\u00f3micos asociados al encierro.<\/p>\n\n\n\n

Si existen estructuras clandestinas que obtienen ingresos recurrentes de las personas privadas de la libertad, entonces cada persona que ingresa puede representar una nueva fuente de recaudaci\u00f3n para esas estructuras.<\/p>\n\n\n\n

Y cada persona que permanece encarcelada puede significar la continuidad de esos ingresos.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta resulta inevitable:<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9nes se benefician econ\u00f3micamente de que miles de personas permanezcan en prisi\u00f3n durante meses o a\u00f1os, incluso antes de recibir una sentencia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No existe fundamento para atribuir, de manera general, a los jueces o a las autoridades la intenci\u00f3n de mantener la prisi\u00f3n preventiva con el prop\u00f3sito de favorecer esos cobros. Una afirmaci\u00f3n de esa naturaleza requerir\u00eda investigaciones, pruebas y responsabilidades individualizadas.<\/p>\n\n\n\n

Pero tampoco podemos ignorar la necesidad de investigar si determinadas redes de corrupci\u00f3n penitenciaria encuentran beneficios econ\u00f3micos en la permanencia y el crecimiento de la poblaci\u00f3n encarcelada.<\/p>\n\n\n\n

La existencia de ese posible incentivo amerita investigaci\u00f3n p\u00fablica, patrimonial y administrativa.<\/p>\n\n\n\n

Porque la pol\u00edtica criminal no debe analizar \u00fanicamente las razones jur\u00eddicas por las cuales una persona permanece privada de la libertad, sino tambi\u00e9n los intereses ilegales que pueden desarrollarse alrededor de las instituciones encargadas de custodiarla.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta no pretende sustituir el an\u00e1lisis jur\u00eddico por una teor\u00eda conspirativa. Pretende introducir una l\u00ednea de investigaci\u00f3n sobre la econom\u00eda del encarcelamiento que merece respuestas verificables.<\/p>\n\n\n\n

La libertad de una persona jam\u00e1s deber\u00eda representar una p\u00e9rdida econ\u00f3mica para quienes obtienen beneficios ilegales de mantenerla encerrada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Prisi\u00f3n preventiva: pagar por estar encerrado sin haber sido condenado<\/h2>\n\n\n\n

El problema adquiere una gravedad particular cuando se trata de personas sujetas a prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 20 constitucional reconoce el principio de presunci\u00f3n de inocencia, mientras que los est\u00e1ndares interamericanos establecen l\u00edmites a la utilizaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva como medida cautelar.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, una persona que todav\u00eda no ha recibido una sentencia condenatoria puede encontrarse sometida a la misma din\u00e1mica de cobros ilegales que afectan a determinados centros penitenciarios.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n representa una doble afectaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Primero, porque la persona permanece privada de su libertad mientras se desarrolla el procedimiento penal.<\/p>\n\n\n\n

Segundo, porque esa condici\u00f3n de encierro puede ser aprovechada por terceros para exigir recursos econ\u00f3micos a ella o a su familia.<\/p>\n\n\n\n

En estos casos, la prisi\u00f3n preventiva no solamente implica una restricci\u00f3n de derechos derivada de una resoluci\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n puede exponer al imputado a condiciones materiales que jam\u00e1s fueron autorizadas por el \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n

Y debemos recordar algo elemental: una medida cautelar no constituye una pena anticipada.<\/p>\n\n\n\n

Mucho menos puede convertirse en una oportunidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

La condena que tambi\u00e9n pagan las familias<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s crueles de esta problem\u00e1tica es que quienes terminan pagando las cuotas frecuentemente no son las personas privadas de libertad.<\/p>\n\n\n\n

Son sus familias.<\/p>\n\n\n\n

La madre que recibe una llamada solicitando dinero porque su hijo necesita conservar un espacio para dormir.<\/p>\n\n\n\n

La esposa que debe reunir una cantidad semanal para evitar que su pareja tenga conflictos dentro de la estancia.<\/p>\n\n\n\n

El hermano que busca pr\u00e9stamos porque teme que su familiar sea golpeado si no entrega el dinero exigido.<\/p>\n\n\n\n

Desde el punto de vista econ\u00f3mico, estas pr\u00e1cticas pueden provocar endeudamiento, p\u00e9rdida de patrimonio, reducci\u00f3n del consumo familiar y afectaciones directas a personas que no han cometido delito alguno.<\/p>\n\n\n\n

Desde el punto de vista jur\u00eddico, implican la posible extensi\u00f3n material de los efectos del encarcelamiento a terceros ajenos al proceso penal.<\/p>\n\n\n\n

Y desde la perspectiva de la pol\u00edtica criminal, representan una paradoja inaceptable: mientras el Estado afirma perseguir la delincuencia mediante el encarcelamiento, dentro de los espacios de reclusi\u00f3n pueden reproducirse actividades delictivas que afectan a las mismas familias que deber\u00edan encontrar protecci\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n

El resultado puede ser devastador.<\/p>\n\n\n\n

La familia no solamente enfrenta los efectos emocionales y econ\u00f3micos de la prisi\u00f3n. Tambi\u00e9n puede terminar financiando, bajo presi\u00f3n, las estructuras informales que operan dentro de ella.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 18 constitucional y el fracaso de la reinserci\u00f3n social<\/h2>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su art\u00edculo 18, las bases para la organizaci\u00f3n del sistema penitenciario sobre el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitaci\u00f3n, la educaci\u00f3n, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal establece obligaciones espec\u00edficas para las autoridades responsables de la custodia penitenciaria.<\/p>\n\n\n\n

Su art\u00edculo 19 dispone que corresponde a dichas autoridades mantener el orden y salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas privadas de la libertad.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, la protecci\u00f3n de un interno no constituye un servicio adicional que pueda venderse.<\/p>\n\n\n\n

La asignaci\u00f3n de una estancia no puede convertirse en un negocio privado.<\/p>\n\n\n\n

La integridad f\u00edsica no puede depender de una cuota semanal.<\/p>\n\n\n\n

Y la posibilidad de permanecer en condiciones dignas de internamiento no deber\u00eda estar subordinada a la capacidad econ\u00f3mica de su familia.<\/p>\n\n\n\n

Cuando estos derechos comienzan a ser condicionados mediante pagos clandestinos, la finalidad constitucional del sistema penitenciario resulta profundamente comprometida.<\/p>\n\n\n\n

Dif\u00edcilmente puede hablarse de reinserci\u00f3n social en un entorno donde la persona privada de la libertad aprende que su seguridad depende de pagar a quienes ejercen un poder informal.<\/p>\n\n\n\n

El silencio de quienes tienen miedo de denunciar<\/h2>\n\n\n\n

Existe otro elemento que explica la complejidad del problema: las v\u00edctimas permanecen bajo custodia dentro del mismo espacio donde ocurren los abusos.<\/p>\n\n\n\n

A diferencia de otros contextos, una persona privada de la libertad no puede simplemente abandonar el lugar en el que est\u00e1 siendo amenazada.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco puede asumir que una denuncia producir\u00e1 autom\u00e1ticamente condiciones de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

En ocasiones, revelar la existencia de un cobro puede exponer al denunciante a represalias.<\/p>\n\n\n\n

Esta circunstancia coloca a las familias y a los abogados defensores frente a decisiones delicadas.<\/p>\n\n\n\n

Denunciar es jur\u00eddicamente procedente, pero resulta indispensable que existan condiciones efectivas de confidencialidad y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De lo contrario, el sistema puede terminar colocando a la v\u00edctima en una situaci\u00f3n todav\u00eda m\u00e1s vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, cualquier pol\u00edtica seria de combate al autogobierno debe contemplar mecanismos independientes de denuncia, protecci\u00f3n frente a represalias, supervisi\u00f3n efectiva y procedimientos de investigaci\u00f3n capaces de actuar sin exponer innecesariamente a quienes proporcionan informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La protecci\u00f3n de la integridad personal debe anteceder a cualquier medida que pueda incrementar el riesgo para el interno.<\/p>\n\n\n\n

Investigar el dinero, no solamente administrar las c\u00e1rceles<\/h2>\n\n\n\n

M\u00e9xico necesita dejar de abordar el autogobierno penitenciario exclusivamente como un problema de disciplina interna.<\/p>\n\n\n\n

Cuando existen cobros clandestinos recurrentes, estamos ante una cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n exige herramientas de investigaci\u00f3n financiera, combate a la corrupci\u00f3n y an\u00e1lisis de estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n

Se requiere conocer si los recursos se concentran en determinados grupos, si existen intermediarios, si hay participaci\u00f3n de funcionarios y si determinadas autoridades han omitido actuar pese a contar con informaci\u00f3n suficiente.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n deber\u00edan existir mecanismos verificables sobre la asignaci\u00f3n de estancias, la distribuci\u00f3n de espacios, la atenci\u00f3n de quejas y las condiciones de internamiento.<\/p>\n\n\n\n

El control efectivo de una prisi\u00f3n no se demuestra solamente mediante la presencia de custodios en sus accesos.<\/p>\n\n\n\n

Se demuestra cuando ninguna persona o grupo puede apropiarse de atribuciones del Estado para obtener beneficios ilegales de quienes se encuentran bajo su custodia.<\/p>\n\n\n\n

La pol\u00edtica criminal debe empezar a preguntarse no solamente cu\u00e1ntas personas encarcelamos, sino qu\u00e9 sucede econ\u00f3micamente con ellas una vez que las puertas se cierran.<\/p>\n\n\n\n

Porque el dinero exigido clandestinamente a los internos no desaparece.<\/p>\n\n\n\n

Alguien lo recibe.<\/p>\n\n\n\n

Alguien puede administrarlo.<\/p>\n\n\n\n

Alguien puede beneficiarse de su circulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y determinar qui\u00e9nes son esas personas deber\u00eda ser una prioridad de las instituciones responsables de investigar la corrupci\u00f3n y las actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n

El hotel m\u00e1s caro de M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n

No se trata de justificar delitos ni de sostener que las personas sentenciadas deban quedar exentas de cumplir las penas legalmente impuestas.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de reconocer que la p\u00e9rdida de la libertad no significa la p\u00e9rdida de la dignidad humana.<\/p>\n\n\n\n

Mucho menos autoriza la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de quien se encuentra bajo custodia del Estado.<\/p>\n\n\n\n

La c\u00e1rcel no puede funcionar como un establecimiento privado donde se cobre por la seguridad, por el derecho a dormir o por permanecer en una estancia.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco podemos permitir que los costos de esas pr\u00e1cticas recaigan silenciosamente sobre familias enteras.<\/p>\n\n\n\n

El Estado mexicano tiene la obligaci\u00f3n de recuperar y mantener el control efectivo de sus centros penitenciarios, investigar las redes de cobros clandestinos y garantizar que ninguna persona obtenga beneficios ilegales de la privaci\u00f3n de libertad de otra.<\/p>\n\n\n\n

Y, frente a las discusiones sobre el uso y la permanencia de la prisi\u00f3n preventiva, resulta indispensable incorporar una pregunta que hasta ahora ha recibido muy poca atenci\u00f3n: \u00bfexisten intereses econ\u00f3micos ilegales que se benefician del encarcelamiento prolongado?<\/p>\n\n\n\n

Responderla exige evidencia, investigaci\u00f3n y transparencia, no especulaciones.<\/p>\n\n\n\n

Pero ignorarla tampoco constituye una soluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Porque si una persona debe pagar cada semana por permanecer en el espacio donde el propio Estado la mantiene encerrada, algo profundamente grave est\u00e1 ocurriendo dentro de nuestro sistema de justicia.<\/p>\n\n\n\n

La c\u00e1rcel se ha convertido, para quienes padecen esos cobros, en el hotel m\u00e1s caro de M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un hotel donde nadie quiere entrar, nadie puede salir cuando lo desea y, sin embargo, algunos son obligados a pagar por cada semana de encierro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Y mientras miles de familias enfrentan las consecuencias del encarcelamiento, queda una pregunta que merece una respuesta p\u00fablica:<\/p>\n\n\n\n

Si el Estado ya les quit\u00f3 la libertad, \u00bfqui\u00e9n est\u00e1 cobrando por mantenerlos encerrados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Referencias documentales<\/h2>\n\n\n\n

Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, art\u00edculos 18, 19 y 20.<\/p>\n\n\n\n

Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal, art\u00edculos 9, 18 y 19.<\/p>\n\n\n\n

Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos, Diagn\u00f3stico Nacional de Supervisi\u00f3n Penitenciaria e indicadores relativos al autogobierno, cogobierno y cobros indebidos.<\/p>\n\n\n\n

Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda, Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, resultados correspondientes al cierre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

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