Por: Cristopher Solano
En los últimos meses, diversas autoridades estatales y municipales han impulsado propuestas o acciones dirigidas a prohibir la difusión de narcocorridos en México. La justificación, en apariencia noble, radica en que estas canciones promueven la cultura del crimen, glorifican a figuras del narcotráfico y normalizan la violencia. Sin embargo, esta estrategia es jurídicamente cuestionable, socialmente ineficaz y políticamente peligrosa.
Desde el punto de vista legal, el intento de censurar narcocorridos viola principios fundamentales del Estado de derecho. El artículo 6º constitucional garantiza la libertad de expresión, la cual solo puede restringirse en casos excepcionalmente justificados, como cuando se afecta de manera directa el orden público, la moral o los derechos de terceros. La jurisprudencia tanto nacional como internacional -incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos– ha sido clara: el arte, por incómodo o provocador que resulte, goza de una protección especial.
La apología del delito, tipificada en el artículo 208 del Código Penal Federal, no se configura por el simple hecho de narrar o representar hechos delictivos. Se requiere que exista un mensaje claro, directo e inmediato de incitación a cometer delitos. Las letras de los narcocorridos, en la mayoría de los casos, tienen un carácter narrativo o testimonial. Criminalizarlas supondría abrir la puerta a una censura arbitraria que podría extenderse a otros géneros artísticos, literarios o incluso periodísticos.
Ahora bien, más allá del ámbito jurídico, debemos analizar la raíz de la problemática. ¿Por qué la música que exalta a líderes criminales conecta con millones de personas? La respuesta es incómoda pero real: porque refleja una realidad estructural de abandono, impunidad y ausencia de Estado en grandes franjas del territorio nacional. Para muchos jóvenes en comunidades marginadas, el narcotráfico representa movilidad social, reconocimiento, estabilidad económica y una forma -aunque distorsionada- de justicia.
Desde nuestra perspectiva como abogados penalistas, el enfoque debe ser otro. El combate a la criminalidad no se gana en los escenarios ni en las plataformas de streaming, sino en los tribunales, en las calles y en las instituciones. Es ahí donde debe centrarse el esfuerzo gubernamental. En lugar de criminalizar la música, el Estado mexicano debe adoptar un enfoque integral que contemple:
- Fortalecimiento del aparato de procuración e impartición de justicia, con independencia judicial, mayores recursos al Ministerio Público y profesionalización constante.
- Desarrollo de inteligencia financiera que permita rastrear, congelar y decomisar los activos del crimen organizado de manera eficiente, colaborando con instancias internacionales.
- Implementación de políticas públicas de desarrollo regional con enfoque preventivo en zonas de alta captación del narco, combinando educación, empleo, cultura y deporte.
- Creación de una narrativa alternativa apoyada por el Estado, no mediante la censura, sino incentivando la producción musical, cinematográfica y artística que rescate valores de legalidad, trabajo digno y comunidad.
- Revisión del sistema penitenciario para evitar que los centros de reclusión sigan siendo centros de operación criminal y reclutamiento.
Censurar narcocorridos no solo vulnera derechos fundamentales, sino que crea una falsa sensación de acción. El crimen organizado no se debilita prohibiendo canciones; se debilita cuando el Estado recupera el control territorial, garantiza el acceso a la justicia y ofrece alternativas reales a los jóvenes. El verdadero reto para la administración de Claudia Sheinbaum no está en el Spotify, sino en la estrategia nacional de seguridad, justicia y cohesión social.
Como juristas, debemos alzar la voz frente a soluciones cosméticas que desvían la atención de las causas reales. Defender la libertad de expresión no es defender al crimen, sino proteger las bases de la democracia. El Estado debe responder con ley, inteligencia y ética pública, no con censura. Solo así podremos aspirar a un México con paz duradera, justicia verdadera y cultura de legalidad.
