Por Raúl Varela Curiel
Los bienes de la Tierra fueron creados para toda la humanidad. No son patrimonio exclusivo de unos cuantos, sino que están destinados, por su propia naturaleza, a beneficiar a todos sin distinción. La Tierra, fecunda y generosa, posee recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de cada persona, si se distribuyen con equidad y responsabilidad.
El derecho a la propiedad privada y al comercio son legítimos, inherentes a toda persona humana. Pero para que su ejercicio sea justo, debe estar regulado por un orden jurídico que reconozca su función social. No se trata de negar el derecho a poseer, sino de comprender que esa posesión conlleva un compromiso: el de usar los bienes no solo en beneficio propio, sino también en favor del bien común.
En este contexto, es imprescindible cultivar una visión de la economía humana basada en valores morales. Una economía sin alma, centrada únicamente en el lucro, termina por deshumanizar. En cambio, una economía que reconoce el valor social de la riqueza puede convertirse en una herramienta poderosa para construir un mundo más justo, más humano y más fraterno.
La creación de riqueza no es mala en sí misma; por el contrario, puede tener una función positiva si se orienta al bien común. La riqueza debe ser un medio que favorezca el desarrollo integral de la persona y evite su exclusión o explotación. La clave está en no absolutizarla. Cuando la propiedad se convierte en un ídolo, deja de servir al hombre y comienza a esclavizarlo.
Es importante entender que los bienes de la creación deben estar al servicio de toda la humanidad. Podemos ser legítimos propietarios, pero eso no significa que los bienes deban beneficiarnos exclusivamente. Lejos de contradecir el derecho a la propiedad, el principio del destino universal de los bienes lo completa, lo dignifica y le da sentido.
Una sociedad que idolatra la propiedad y olvida su dimensión social corre el riesgo de fragmentarse y deshumanizarse. Solo cuando los bienes se conciben como instrumentos al servicio del crecimiento humano y social, pueden cumplir su verdadero propósito.
En definitiva, reconocer el derecho de propiedad dentro de un marco jurídico que lo armonice con el bien común no debilita su legitimidad, sino que la fortalece. Los bienes materiales, lejos de ser un fin en sí mismos, encuentran su mayor sentido cuando son puestos al servicio de una sociedad más justa, incluyente y solidaria. Solo así es posible construir un verdadero Estado de Derecho: uno que no solo garantiza derechos, sino que también promueve responsabilidades sociales y equidad en el acceso a los recursos esenciales para la vida digna.
