El grupo parlamentario de MORENA en San Lázaro, impulsa una iniciativa para expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a fin de regular la implementación, el reconocimiento y la protección de sus derechos individuales y colectivos.
A través del diputado Alfredo Vázquez afirma que hoy el Estado tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica con ellos, la propuesta busca establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos que garanticen el respeto y la eficacia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación basada en el ejercicio de su libre determinación y autonomía, así como su participación en la vida pública nacional, en tanto partes constitutivas de la naturaleza pluricultural del Estado mexicano.
Pretende fomentar relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, basadas en los principios de justicia, democracia, interculturalidad, tolerancia, respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe.
Plantea que todos los diversos niveles de gobierno estén obligados a cumplir y hacer cumplir el objeto de esta Ley en sus planes, programas y acciones, bajo los principios de enfoque, diferencia, pro persona, interculturalidad, precaución y protección.
Menciona que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas serían sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la ley reconocería la existencia y la composición del Catálogo Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Hace referencia de sus derechos, su representación política, sistemas normativos y justicia indígena y afromexicana, patrimonio cultural, salud, recursos naturales, desarrollo integral, atención a migrantes y desplazados, y consulta libre, previa e informada.
El diputado Vázquez expone que en el marco de los 29 años de la firma de los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 16 de febrero de 1996, hoy el Estado mexicano tiene la oportunidad histórica de saldar la deuda que tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos y sentar las bases para establecer una nueva relación de diálogo y respeto con aquellas colectividades históricamente excluidas en la construcción del Estado nación mexicano.
Resalta que actualmente –añade– no se cuenta con una ley de consulta indígena; sin embargo, no es óbice para que el Poder Legislativo Federal incumpla sus funciones constituciones y legales, tal como se presentó en los últimos casos de consulta indígena.
“Con este nuevo enfoque y forma de actuación del gobierno mexicano advertimos un avance sustancial a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante leyes, políticas públicas, programas sociales y presupuesto que garantizan la materialización de sus derechos individuales colectivos”, precisa.
No obstante, afirma que la exigencia legítima de los pueblos de que se les haga justicia por el saqueo de sus territorios y bienes naturales aún persiste; por lo tanto, es un acto de justicia que no debe postergarse.
El documento, enviado a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, también lo suscriben las y los diputados de Morena Evangelina Moreno Guerra, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Karina Margarita del Río Zenteno, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Gloria Sánchez López, Briceyda García Antonio, Amalia López de la Cruz, María Fabiola Karina Pérez Popoca y Alejandro Carvajal Hidalgo, así como el diputado Roberto Armando Albores Gleason (PT).
