Por Raúl Varela Curiel
En sociedades democráticas, la protesta social debe considerarse un ejercicio legítimo de participación política, especialmente cuando proviene de grupos históricamente marginados o con menor capacidad de incidencia institucional. Sin embargo, los Estados —incluso aquellos que se proclaman democráticos— pueden utilizar el sistema penal como herramienta de control, particularmente en contextos de tensión social o descontento generalizado.
Las detenciones ocurridas tras la reciente movilización de jóvenes que se autodenominan “Generación Z” ilustran un fenómeno conocido: la criminalización selectiva, un mecanismo orientado a disuadir la disidencia bajo la apariencia de legalidad.
La sobre-tipificación penal como estrategia de control
Un rasgo preocupante en estos casos es la imputación de delitos cuya gravedad no siempre corresponde a los hechos investigados. El uso de figuras como la tentativa de homicidio para describir agresiones o enfrentamientos que, en términos jurídicos, encajarían mejor en tipos de lesiones o daños, revela una tendencia a magnificar penalmente la conducta con fines disuasorios.
La “pena procesal” y su efecto inhibidor
Aun cuando muchas de estas imputaciones no derivan en sentencias condenatorias, las personas enfrentan un proceso largo, costoso y desgastante. Este fenómeno se conoce como pena procesal: el castigo no es la sentencia, sino el tránsito mismo por el sistema penal.
La narrativa oficial como legitimación
El uso del derecho penal con fines disuasorios suele acompañarse de una narrativa estatal que enmarca a los manifestantes como violentos, radicales o peligrosos. Esta construcción discursiva legitima acciones policiales y fiscales más agresivas y reduce el costo político de la represión.
La ambigüedad del derecho penal como terreno fértil
El derecho penal contiene tipos amplios, conceptos abiertos y márgenes interpretativos que, en situaciones de conflicto, pueden utilizarse para estirar la ley más allá de sus límites razonables. Expresiones como “ponía en riesgo la vida del agente” o “existía dolo eventual” permiten justificar imputaciones por delitos graves sin un análisis técnico riguroso.
La importancia de la proporcionalidad y el control judicial
La respuesta a estos fenómenos no está en negar la facultad del Estado de perseguir delitos ni en justificar actos violentos ocurridos durante manifestaciones. El punto central es recordar que el uso del derecho penal debe ser estrictamente proporcional y que la interpretación expansiva de delitos graves debilita la legitimidad de las instituciones.
La criminalización selectiva es un indicador de deterioro democrático. Se manifiesta cuando el Estado, en lugar de dialogar con la ciudadanía, prefiere recurrir a la intimidación penal para inhibir la protesta. Una sociedad que normaliza estas prácticas corre el riesgo de erosionar sus libertades fundamentales bajo la ilusión de preservar el orden.
