Por Raúl Enrique Varela Curiel
Durante décadas aprendimos a reconocer el poder a través de sus expresiones más visibles: cárceles, policías, uniformes, castigos. El poder se ejercía de forma frontal. Gobernar significaba encerrar, vigilar y corregir. Era el modelo de la sociedad de la disciplina.
Escuelas, fábricas, hospitales, cuarteles y prisiones funcionaban como instituciones cerradas que ordenaban el tiempo, el cuerpo y la conducta. El castigo llegaba después de la falta; la corrección, después del error. La violencia institucional era clara y, por lo mismo, podía ser identificada y cuestionada.
Ese modelo no ha desaparecido. Las cárceles siguen existiendo y la disciplina continúa operando, especialmente sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, cada vez es más evidente que ya no es el único ni el principal modo de ejercer el poder.
Estamos transitando, de manera gradual y desigual, hacia otro modelo: la sociedad del control.
Este tránsito no ocurre de golpe ni sustituye automáticamente a la disciplina. Ocurre por acumulación de prácticas, muchas de ellas presentadas como soluciones técnicas, medidas alternativas o mecanismos de eficiencia.
Un ejemplo claro son los brazaletes electrónicos. A simple vista parecen una alternativa humanitaria a la prisión: permiten que una persona no esté encerrada, conserve vínculos familiares y continúe trabajando. Pero al mismo tiempo introducen una lógica distinta: la del control permanente. El castigo deja de concentrarse en un espacio y se extiende en el tiempo y en la vida cotidiana.
Algo similar ocurre con las medidas cautelares no privativas de libertad. Firmas periódicas, restricciones de movilidad, prohibiciones de acercamiento, monitoreo administrativo. No hay sentencia, pero hay condicionamiento continuo.
Otro ejemplo es la vigilancia tecnológica: cámaras con reconocimiento facial, lectores de placas, mapas de zonas de riesgo, análisis de patrones de comportamiento. No se busca a una persona concreta por un delito cometido, sino desviaciones estadísticas.
En este modelo, el centro ya no es el delito, sino el perfil. A partir de datos de consumo, movilidad, entorno social, historial administrativo o comportamiento digital, se construyen categorías invisibles de riesgo que condicionan decisiones clave.
La prisión no desaparece, pero deja de ser el eje central del castigo para convertirse en la última instancia del sistema: el destino de quienes no pueden ser gestionados mediante mecanismos de control flexible.
Quizá el rasgo más inquietante de esta transición es que el control empieza a internalizarse. Las personas aprenden a autocorregirse, a moderar su conducta, a vigilarse a sí mismas, no tanto por miedo a la sanción directa, sino por temor a quedar fuera de la normalidad social.
No vivimos todavía en una sociedad plenamente dominada por el control. Pero sí avanzamos hacia ella, normalizando prácticas que antes habrían parecido excepcionales.
El desafío no es solo legal o tecnológico. Es también ético: reconocer el control como control antes de que se vuelva invisible.
