(Foto: Cortesía)
Por Raúl Varela Curiel
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocidos como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo.
Es por ello, y por la trascendental misión que sus actividades conllevan, que las funciones de la UIF exigen objetividad en la toma de decisiones y en el procesamiento oportuno de la información que se recibe, todo ello con una estricta protección de los datos confidenciales; Con la finalidad de garantizar que estas condiciones se cumplan, la UIF tienen que gozar de una autonomía operativa que le permita desempeñar sus funciones sin demasiada interferencia. Esto incluye la capacidad de reclutar y administrar a su personal de manera independiente, así como la capacidad de obtener y utilizar recursos sin ningún tipo de influencia o interferencia indebida ya sea política, del gobierno o del sector privado.
La falta de entendimiento por parte de los actores principales de lo que significa la independencia operativa es un factor que entorpece en gran medida la capacidad de la UIF de ser autónoma e independiente en términos operativos, ello bajo la inteligencia de que la autonomía representa un principio esencial para lograr la eficacia de las funciones públicas, el fortalecimiento institucional, y, por ende, su legitimidad y credibilidad ante la sociedad. Por otro lado, la designación y la destitución del Titular de la UIF, debe ser apolítica, por lo que es importante a su vez contar con procesos de designación y destitución que no se encuentren influenciados indebidamente y que conduzcan a la designación del mejor candidato
Ante el fracaso de estrategias frontales y directas contra el crimen organizado, es evidente que se debe virar hacia la instrumentación de una estrategia que debilite su estructura financiera, siendo la UIF el principal protagonista de la empresa en comento, situación que únicamente será posible a través de una consecuente coordinación efectiva entre los sistemas anticorrupción, de fiscalización y de transparencia que se debe llevar a cabo con la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
