Por Cristopher Eduardo Solano Hernández
El debate sobre las corridas de toros en México ha sido constante a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente ha cobrado mayor relevancia tras la decisión del Congreso de la Ciudad de México de aprobar una medida para realizar corridas de toros “libres de violencia”. Esta propuesta, aunque parece un intento de conciliación entre la tradición y la protección animal, plantea interrogantes fundamentales sobre si es posible realmente erradicar la violencia en un espectáculo basado en el sufrimiento de un ser vivo.
Desde una perspectiva jurídica, la discusión debe centrarse en la naturaleza de la tauromaquia y en su evidente contradicción con los principios de protección animal reconocidos tanto en la legislación mexicana como en tratados internacionales.
El marco legal de la protección animal en México
México ha avanzado en materia de derechos de los animales con diversas reformas y leyes que buscan erradicar el maltrato. La Constitución de la Ciudad de México reconoce explícitamente a los animales como seres sintientes y establece la obligación del Estado de garantizar su bienestar. Asimismo, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México prohíbe cualquier acto que les cause sufrimiento innecesario.
A nivel internacional, México es parte de acuerdos como la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, promovida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que establece que los animales deben ser protegidos del sufrimiento y el dolor evitables.
En este contexto, la tauromaquia parece estar en una zona de contradicción legal. Aunque es considerada una tradición y un elemento cultural, el espectáculo taurino implica la tortura y muerte de un animal como parte de su desarrollo. Esto se enfrenta directamente con el principio jurídico de no causar sufrimiento innecesario.
Las corridas de toros: una excepción injustificable
A pesar de que el maltrato animal es sancionado en diversas normativas, las corridas de toros han gozado de un trato de excepción, amparado bajo el argumento de que se trata de una tradición cultural. Sin embargo, el derecho no puede ser estático ni subordinarse a prácticas históricas cuando estas implican la normalización de la violencia.
El Tribunal Supremo de España ha señalado en diversos fallos que la tauromaquia, aunque parte del patrimonio cultural, no puede justificar el maltrato animal. En países como Colombia y Ecuador, se han impulsado reformas legales para restringir estos eventos, bajo la premisa de que la cultura no puede ser utilizada como justificación para prácticas crueles.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones donde reconoce el interés legítimo en la protección de los animales, sentando precedentes importantes para futuros litigios en contra de la tauromaquia.
¿Corridas sin violencia? Un concepto inviable
La propuesta de “corridas de toros libres de violencia” en la Ciudad de México parte de una premisa engañosa. El espectáculo taurino, por su propia naturaleza, implica el sometimiento del toro, su estrés extremo y, en última instancia, su muerte en la plaza o posterior al evento.
El sufrimiento del animal no se limita a la estocada final, sino que comienza desde su crianza, donde es sometido a condiciones que lo preparan para un combate desigual. Los estímulos a los que es sometido en la arena, como el hostigamiento con banderillas y la confusión generada por el entorno, son claros actos de maltrato.
Modificar la mecánica del espectáculo para reducir el sufrimiento no cambia el hecho de que el toro sigue siendo utilizado como un objeto de entretenimiento. Es necesario replantear la tauromaquia desde su base y avanzar hacia la prohibición total de las corridas de toros, como ya ha sucedido en otros estados de México.
El camino hacia la abolición
El avance hacia una sociedad que respeta y protege a los animales no debe frenarse por consideraciones económicas o tradiciones que normalizan el sufrimiento. En este sentido, la Ciudad de México tiene la oportunidad de marcar un precedente importante.
El Poder Judicial debe garantizar la correcta aplicación de las leyes de protección animal y evitar que intereses económicos o políticos diluyan la necesidad de eliminar este tipo de espectáculos. Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos la posibilidad de legislar en favor de la abolición definitiva de las corridas de toros, alineando la legislación local con los principios de bienestar animal ya reconocidos en otros ámbitos.
México tiene la oportunidad de ser un referente en la protección animal en Latinoamérica. No podemos seguir justificando la violencia bajo el pretexto de la tradición. La ética, la ciencia y el derecho nos obligan a avanzar hacia un mundo en el que la vida y el bienestar de los animales sean verdaderamente respetados.
La pregunta ya no es si las corridas de toros deben desaparecer, sino cuánto tiempo más permitiremos que la crueldad continúe bajo el amparo de la cultura.
