(Fotos: esbozodeportivo)
Por Irma de la Cruz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión del amparo 451/2025, relacionado con la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, una regulación considerada clave para garantizar los derechos de las comunidades mayas y el respeto al derecho a la consulta indígena frente a la expansión de la industria porcícola en la Península de Yucatán.
El proyecto de resolución que sería analizado por la SCJN plantea reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, además de establecer criterios sobre la obligación de consultar previamente a las comunidades mayas antes de autorizar la instalación, regulación y abandono de megagranjas porcícolas en el estado.
Entre los principales puntos impulsados por las comunidades demandantes destacan la exigencia de que el Gobierno de Yucatán realice un proceso de consulta indígena respecto a la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22; que la consulta previa sea reconocida como requisito indispensable para la apertura, regulación y abandono de megagranjas porcícolas; y que se reconozca la legitimidad de los representantes comunitarios para promover acciones legales en defensa de los derechos colectivos del pueblo maya.
Horas antes de conocerse el aplazamiento de la discusión en la Suprema Corte, representantes de las comunidades de Chapab y Kinchil ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Pro, acompañados por integrantes de Kanan Derechos Humanos, organización que ha brindado acompañamiento jurídico en el caso.
En la conferencia participaron el licenciado Miguel Anguas Rosado, integrante de Kanan Derechos Humanos; representantes del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo, encabezados por Matilde Zip; así como Carlos Mayoa, representante de Greenpeace México, además de integrantes de Racismo MX y ProDESC.
Durante el encuentro con medios de comunicación, los representantes comunitarios señalaron que el conflicto surgió luego de que habitantes de ambos municipios promovieran un juicio de amparo para impugnar la norma expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, debido a que —aseguraron— las autoridades estatales ignoraron las peticiones de las comunidades y publicaron la regulación sin realizar un proceso de consulta indígena.
Los pobladores denunciaron diversas afectaciones ambientales y de salud derivadas de la operación de megagranjas porcícolas en la región. Explicaron que se han registrado daños en al menos 11 hectáreas de territorio y contaminación del agua por nitratos, situación que, afirmaron, ha provocado enfermedades estomacales entre la población.
Asimismo, advirtieron que los cenotes y mantos acuíferos han resultado contaminados por descargas vinculadas con la industria porcícola, problemática que —indicaron— impacta a por lo menos 50 de los 106 municipios del estado de Yucatán.
Los representantes comunitarios insistieron en que la resolución de la Suprema Corte podría sentar un precedente nacional en materia de derechos indígenas, protección ambiental y consulta previa para proyectos industriales que afecten territorios originarios.
