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Ciudad de México.- Dos estudios recientes revelan una amplia aceptación entre la población mexicana hacia el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a reducir los daños asociados con el consumo de alcohol, desde aumentar las sanciones por conducir bajo sus efectos hasta limitar horarios de venta, publicidad y disponibilidad.
Uno de los estudios, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, encontró que 95.7% de las personas encuestadas respalda garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento, mientras que 95.6% está de acuerdo con aumentar las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 92.8% con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.
Los resultados también muestran un amplio respaldo a medidas dirigidas a modificar el entorno en el que se comercializan y promocionan las bebidas alcohólicas. 88% de la población apoya reducir los horarios de venta; 86.9% eliminar el patrocinio de bebidas alcohólicas en equipos o eventos deportivos, y 86.8% aumentar la edad mínima para comprar alcohol. Además, 79.4% está de acuerdo con reducir el número de establecimientos donde se venden estas bebidas.
Para Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Comité Técnico Interinstitucional Sobre Alcohol (CTISA), los resultados muestran una oportunidad para actualizar las políticas públicas.
“Estos resultados nos muestran algo que desde la salud pública debemos tomar con absoluta seriedad: la población mexicana está abierta a modificaciones de las políticas públicas que permitan reducir el consumo de alcohol y sus consecuencias”, señaló.
La especialista explicó que el consumo de alcohol ocurre dentro de un entorno determinado, entre otros factores, por el precio, la disponibilidad, la publicidad, los horarios y los puntos de venta, por lo que modificar esas condiciones constituye una herramienta de salud pública.
“Estos hallazgos deben ser entendidos como una oportunidad para avanzar”, sostuvo.
Alcohol, un problema de salud pública
Un segundo estudio, realizado por la casa encuestadora Dinamia, refuerza esta percepción. 94% de la población considera que el consumo de alcohol representa un problema de salud pública.
Entre las principales preocupaciones asociadas al consumo de alcohol destaca la violencia. 83% identifica particularmente la violencia contra las mujeres y 78% la violencia familiar como problemas relacionados con su consumo.
En ambos estudios, las mujeres mostraron de manera consistente un mayor respaldo a las medidas regulatorias en comparación con los hombres. En contraste, las diferencias relacionadas con la edad y el nivel socioeconómico fueron menores.
Los resultados apuntan así a la existencia de una base social favorable para avanzar hacia una política integral sobre alcohol en México.
El rezago regulatorio
Aunque existe respaldo ciudadano para fortalecer la regulación, México mantiene pendientes importantes en materia de política pública. La última reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad de bebidas alcohólicas se realizó en 2008, mientras que la última reforma fiscal específica para bebidas alcohólicas corresponde a 2013.
A ello se suma que las reglas relacionadas con la disponibilidad de bebidas alcohólicas son heterogéneas entre entidades federativas y municipios.
Luis Solís Rojas, médico psiquiatra y especialista en adicciones, consideró que los resultados ofrecen una oportunidad para actualizar la política nacional.
“Conocer el nivel de aceptación de las distintas medidas permite identificar una ventana de oportunidad para que las autoridades impulsen políticas regulatorias más efectivas, integrales y sustentadas en evidencia científica”, afirmó.
Solís Rojas destacó que la aceptación social no sustituye la evidencia científica, pero puede aportar información estratégica para fortalecer el diseño, la comunicación y la implementación de políticas públicas con mayor legitimidad y posibilidades de permanencia.
Impuestos, una pieza central
La actualización de la política de alcohol, de acuerdo con los especialistas consultados, requiere una estrategia integral en la que los impuestos a las bebidas alcohólicas ocupen un lugar central, al ser considerada una de las medidas más costo-efectivas para reducir los daños relacionados con su consumo.
A esta estrategia, plantean, deberían sumarse políticas para regular la disponibilidad, la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas, así como medidas para prevenir la conducción bajo sus efectos y garantizar el acceso oportuno a servicios de diagnóstico y tratamiento.
Para Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), los resultados cuestionan la idea de que una regulación más estricta necesariamente provocaría rechazo entre la población.
“Durante años se ha argumentado que fortalecer la regulación del alcohol podría generar rechazo social. Hoy tenemos evidencia para cuestionar esa idea”, afirmó.
Robledo sostuvo que la discusión pública debería centrarse menos en si existe aceptación social y más en las razones por las que las autoridades continúan postergando la actualización del marco regulatorio.
“Corresponde a las autoridades convertir esa legitimidad social en decisiones públicas capaces de proteger la salud de la población”, señaló.
Los dos estudios, en conjunto, plantean un escenario en el que el respaldo ciudadano a distintas medidas de regulación contrasta con el rezago de varias políticas públicas. Para los especialistas, esta combinación representa una oportunidad para avanzar hacia una política integral de alcohol sustentada tanto en evidencia científica como en las condiciones sociales actuales del país.
