Por Raúl Varela Curiel
La reciente validación de la inmovilización de cuentas bancarias por autoridad administrativa sin control judicial previo, plantea un problema estructural en el sistema constitucional mexicano: la compatibilidad de estas medidas con el estándar de protección de derechos humanos previsto en el bloque de constitucionalidad.
La inmovilización de cuentas bancarias constituye una restricción directa a derechos fundamentales, particularmente:
– Derecho de propiedad (artículo 27 CPEUM, en relación con el artículo 1º);
– Derecho a la vida privada y al secreto bancario;
– Libertad económica;
– Presunción de inocencia (artículo 20 CPEUM, en su dimensión extrapenal);
– Derecho al debido proceso (artículos 14 y 16 CPEUM).
En términos materiales, no puede considerarse una simple medida administrativa, sino una intervención estatal de alta intensidad.
ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
Conforme a los artículos 1º y 133 constitucionales, el Estado mexicano se encuentra obligado a interpretar y aplicar las normas conforme al bloque de constitucionalidad, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este estándar exige que toda restricción a derechos humanos cumpla con los siguientes elementos:
– Principio de legalidad;
– Finalidad legítima;
– Idoneidad;
– Necesidad;
– Proporcionalidad en sentido estricto.
Asimismo, el artículo 14 constitucional establece la prohibición de privar de derechos sin un procedimiento previo seguido ante autoridad competente.
DEBIDO PROCESO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
La doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes en reconocer que el debido proceso no es exclusivo del ámbito penal.
La Corte Interamericana ha sostenido que las garantías del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son aplicables a cualquier procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones de carácter civil, laboral o administrativo.
Por tanto, la ausencia de:
– Notificación previa;
– Conocimiento de los hechos;
– Posibilidad de defensa;
– Control independiente; constituye una violación estructural al debido proceso.
PROBLEMA DE CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES
Un elemento especialmente problemático radica en la concentración de funciones en la autoridad administrativa:
– Detecta indicios;
– Emite la medida;
– La ejecuta;
– Y, en muchos casos, la mantiene sin control inmediato.
Este diseño contraviene el principio de imparcialidad y rompe con el modelo de pesos y contrapesos que caracteriza al Estado constitucional.
SEGURIDAD NACIONAL Y LÍMITES
Si bien la finalidad de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita es legítima, los estándares internacionales han sido consistentes en señalar que la seguridad nacional no justifica la eliminación de garantías básicas.
El problema central no radica en la existencia de facultades administrativas para prevenir ilícitos financieros, sino en la ausencia de controles efectivos en su ejercicio.
La validez constitucional de estas medidas no puede sostenerse únicamente en su finalidad, sino en la forma en que se implementan.
Sin control judicial previo o inmediato, sin debido proceso efectivo y sin límites claros, la inmovilización de cuentas se aproxima más a una sanción que a una medida preventiva.
El fortalecimiento del Estado no puede lograrse a costa de debilitar sus límites.
En un sistema constitucional, la eficacia no sustituye a la legalidad, ni la prevención justifica la supresión de garantías.
